Paripé del PSOE con la rebaja de la malversación: sube un año la pena máxima que exige ERC

Los dos socios del Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez, PSOE y Podemos, han pactado una propuesta de reforma del Código Penal en la que se rebaja la pena máxima del delito de malversación de 6 a 4 años de cárcel y la inhabilitación de 10 a 6 años, cuando haya desvío presupuestario irregular dentro de la administración pública. Para ello, los socialcomunistas registrarán este lunes una enmienda transaccional a la presentada por ERC en la reforma que deroga el delito de sedición.

De esta forma, el Ejecutivo hace un paripé para simular mayor firmeza ante la malversación respecto a la propuesta que registró el pasado viernes ERC, en la que los independentistas catalanes planteaban rebajar esa pena máxima de 6 a 3 años y sólo cuando «la autoridad o funcionario público destinare, sin ánimo de apropiárselo, a usos particulares y ajenos a la función pública el patrimonio público».

En este caso, la suspensión de empleo y cargo público será de uno a cuatro años, en tanto que ERC eleva a veinte años la inhabilitación en los casos más graves de malversación que considera en tres supuestos: cuando haya daño grave al servicio público, cuando el patrimonio público exceda los 50.000 euros o si lo malversado tuviera valor artístico o científico o si fuera destinado a aliviar alguna calamidad pública. Además, si el valor del perjuicio causado o del patrimonio público apropiado excediere de 250.000 euros, se impondrá la pena de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.

Actualmente, el artículo 432 del Código Penal impone penas de entre 2 y 6 años de cárcel para «la autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público».

El Gobierno de Sánchez considera que, a pesar de esa rebaja de las penas que plantea, con esta modificación del Código Penal, «no se deja ni un solo supuesto de malversación despenalizado, ni el más leve, que sería el de nueva creación, hasta el más grave e incluso otros comportamientos que ahora no están castigados».

En este sentido, el PSOE ha urdido una artimaña con la que trata de confundir a los españoles respecto a la rebaja del delito de malversación. Se trata de la introducción de un nuevo tipo penal, el delito de «enriquecimiento ilícito», con el que dicen perseguir a los corruptos, poniendo la mirada en todos aquellos cargos públicos que durante su mandato no logren justificar un aumento en su patrimonio de más de 250.000 euros. Estos serán castigados con hasta tres años de prisión.

El Código Penal vigente es el que modificó el Partido Popular en 2015 y establece un delito de malversación independientemente de cuál sea el destino del dinero desviado cuyo castigo va de los dos a los seis años de cárcel (entre seis y diez de inhabilitación), con un tipo agravado que puede llegar a los ocho años de prisión o incluso a los doce.

El PP eliminó cualquier distinción anterior sobre si había lucro personal o no. Se consideraba que cualquier desvío de fondos públicos era considerado malversación y se fijaba una horquilla de penas muy amplia.